Como un efecto pinzas, el gobierno encaró 3 proyectos para
destruir Grupo Clarín, y en su intento desarticular la industria del cable:
- Ley de Medios
- Ley de Telecomunicaciones (TIC)
- Licitación del espectro 4G
La ley de Medios había puesto en jaque la industria de cable.
Buscaba la atomización de los operadores, la regionalización geográfica de los
mismos evitando el acceso a más de 24 localidades (cuando en el país hay más de
2200…), la eliminación de los incentivos a invertir en el largo plazo ya que no
solo reducía los plazos de las licencias sino que impedía que un operador
pudiera vender su compañía a otro, etc, etc. El blanco objetivo de este armado
era sin duda Cablevisión, como parte de la estrategia de desguazar Grupo Clarín
con daño colateral importante al resto de los operadores.
La única forma de resolver el daño colateral al resto de los
operadores era y es con la voluntad política. A través de favores, prevendas y
excepciones a la norma, el gobierno autorizó verdaderos incumplimientos, por
ejemplo:
- DirecTV: le permitió ser empresa pública 100%, cuando por ley hay un tope para ello. No cumple con la grilla, aduciendo falta de espacio (¿?) no distribuye señales del estado que son obligatorias como por ejemplo CBA24 y Canal 10 de Córdoba, ambas de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. Le permitió mantener su participación en empresas de generación de señales, que está vedado por la ley y que además fue específicamente aclarado para con el Grupo Clarín. No produce una señal de originación local en los términos que regula la ley… etc, etc.
- Telefé: la ley prohíbe que los dueños de una empresa de servicios públicos como Telefónica de Argentina, puedan ser licenciatarios de medios audiviosuales en los términos de la ley de medios. Sin embargo, ahora el gobierno pretende demostrar que el dueño de Telefé es Telefónica Internacional, en tanto que Telefé y Telefónica de Argentina no tienen nada que ver. Si el AFSCA siguiera el curso de los balances de Telefónica, podrá constatar claramente que ambas operaciones están consolidadas bajo un mismo vehículo societario… no es tan difícil entender que al final son lo mismo. Sin embargo, prefieren el escándalo a la verdad. Si este fuera la interpretación del AFSCA, entonces Grupo Clarín no debería desinvertir nada, ya que no es licenciatario de nada sino a través de sus empresas subsidiarias… un verdader disparate intentar reinterpretar lo que es un grupo económico.
Ahora avanzan con una ley de Telecomunicaciones convergentes.
Esta ley tiene la trampa de que no promueve la inversión en nueva
infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Sino que busca hacer lo
que la ley de Medios no pudo. Destruir una empresa de Grupo Clarín como lo es Cablevisión.
Nuevamente, en la búsqueda de ese objetivo, se llevan puesto ahora más que
nunca a la industria de cable completa.
Entre muchas cosas, la ley buscaría que las empresas
licenciatarias de servicios de Telecomunicaciones (TIC), puedan brindar
servicios de medios audiovisuales, eliminando de esa manera la expresa
prohibición que mencionaba la ley de medios. Esto es, que empresas como Telefónica de Argentina o Telmex
puedan acceder al mercado de video. No lo van a realizar invirtiendo en
infraestructura de red fija sino que van a utilizar los satélites que ya tienen
operativos en Latinoamérica para dar el servicio de video, canibalizando de
esta manera el mercado de video en competencia actual, degradando las redes
fijas que requerirán más anchos de banda en el futuro.
La convergencia en términos modernos, debería incentivar a
las telefónicas incumbentes a reconvertir sus redes de pares de cobre en redes
de fibra al hogar, generando mayor competencia entre las plataformas de banda
ancha. Ello es exactamente lo que está realizando la propia Telefónica en
España, para poder competir en banda ancha fija contra ONO, el principal cable
operador de España, recientemente adquirido por Vodafone.
Por último, la reciente Licitación del 4G,
escrita a la medida de los 3 operadores de telefonía celular, impide claramente
la incorporación de un nuevo entrante. El pliego profundiza las asimetrías
entre los operadores actuales y un eventual nuevo entrante que tiene que
repagar la inversión de la red en máximo de 15 años cuando el resto de los
operadores se apalancan en la red actual sin plazo de vencimiento. Además,
deben llegar a localidad de menos de 500 habitantes, un dislate regulatorio
obligar al nuevo entrante a hacerlo cuando las propias CELCOS no han cumplido
dicha obligación en las redes 3G. Está claro que un eventual ingreso
de Vila al mercado de celular es inviable, no solo por carecer de los mínimos
requisitos establecidos en el pliego en cuanto a capacidad económica y
financiera (está desde hace 15 años en concurso de acreedores), sino que por su
historia y actualidad muestran un empresario que no invierte ni
siquiera en su propia red de Supercanal, siendo el único operador de
cable que perdió abonados de video y que no creció al ritmo del
mercado en banda ancha.
El objetivo del Gobierno y las empresas telefónicas es
claro: no generar competencia, ampliar sus negocios y destruir una industria
que creció con inversión privada, sin prevendas ni beneficios y de argentinos.
Continuará…
